Política Nacional para la Atención a las Personas en Situación de Abandono y Situación de Calle.

La presente Política es un instrumento de alcance nacional cuyo objetivo general es generar acciones gubernamentales y no gubernamentales articuladas, sistemáticas y sostenibles para la prevención, atención y protección de las personas en situación de abandono y personas en situación de calle, en el marco de la exigibilidad y accesibilidad a los derechos humanos. Se establecen los siguientes objetivos específicos con respecto a las personas en situación de abandono: a) contribuir con la protección y prevención de personas en situación de abandono identificándolas y refiriéndolas de acuerdo a sus necesidades, intereses y especificidades socioculturales mediante un sistema de alerta Nacional; b) fortalecer la atención e inclusión efectiva de personas en situación de abandono mediante la corresponsabilidad social entre las instituciones, organizaciones de sociedad civil, gobiernos locales y empresa privada; c) restituir el acceso a los derechos y oportunidades de las personas en situación de abandono, por medio de acciones estratégicas de desarrollo humano, inclusión social y salud integral. En lo que respecta a las personas en situación de calle, los objetivos específicos son los siguientes: a) implementar acciones inter institucionales e intersectoriales para la prevención de la habitabilidad en calle y de las problemáticas asociadas; b) fortalecer la atención e inclusión social de las personas en situación de calle, tomando en cuenta sus necesidades, intereses y especificidades, e impulsando la articulación y corresponsabilidad social entre las instituciones organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, gobiernos locales y empresa privada; c) promover el reconocimiento y la protección de los derechos de las personas en situación de calle, favoreciendo el acceso a servicios, la generación de oportunidades y el establecimiento de espacios de participación. La Política es implementada por un Plan de Acción, el cual se estructura en torno a varios Ejes, que contemplan entre otros aspectos la protección de los derechos para mejorar la calidad de vida y el fortalecimiento institucional.