Ralph Lauren 57 contra el Consejo de Byron Shire País/Territorio Australia Fecha Mar 1, 2016 Fuente UNEP, InforMEA Nombre del tribunal Supreme Court of New South Wales, Common Law Division Sede de la corte New South Wales Número de referencia [2016] NSWSC 169 Resumen Un grupo de demandantes que poseen propiedades a lo largo de la playa de Belongil, en Nueva Gales del Sur (Australia), solicitó una indemnización por daños y perjuicios a la autoridad gubernamental local, el Consejo de la Comarca de Byron, para cubrir los costes de erigir protecciones costeras en sus parcelas y para compensar la pérdida de valor de sus propiedades por la invasión del mar. Los demandantes alegaron que la necesidad de esas protecciones y la causa de la pérdida parcial de valor de las propiedades era culpa del Consejo. En las décadas de 1960 y 1970, el Consejo construyó una forma de blindaje duro de la costa, «un promontorio artificial protegido por un malecón de roca». Posteriormente, entre 2006 y 2010, el Consejo publicó proyectos de documentos de planificación que (i) prohibían a los demandantes blindar sus propios segmentos de la costa y (ii) proponían una política de retirada controlada en respuesta a la subida del mar y a la invasión de la costa. La Ley de Protección del Litoral establece que dichos planes solo son definitivos y efectivos una vez aprobados por el Ministro de Planificación de Nueva Gales del Sur; el Consejo retiró su proyecto de Plan de Gestión de la Zona Costera en mayo de 2011, antes de que el Ministro lo examinara. Los demandantes presentaron dos teorías alternativas en apoyo de su demanda: o bien que el Ayuntamiento fue negligente al instalar un blindaje duro de la costa que desde entonces ha desplazado la acción de las olas a las porciones de playa adyacentes de los demandantes, empeorando la erosión en ellas; o bien que el blindaje del Ayuntamiento constituye un caso de molestia para la población. Los demandantes también argumentaron que su perjuicio se vio agravado por la emisión y retirada de los documentos de planificación por parte del Consejo, y por la posición persistente de que la retirada controlada es la respuesta política preferida a la invasión de la costa. Después de que la demanda de los demandantes sobreviviera a una moción de desestimación en marzo de 2016, las aseguradoras del Consejo, que habían dirigido la defensa en el caso, aceptaron un acuerdo. En consecuencia, el tribunal nunca determinó la responsabilidad legal de las reclamaciones alegadas. Los términos del acuerdo prohíben al Consejo eliminar el blindaje costero existente (principalmente barreras de roca, hormigón y escombros) en las parcelas de los demandantes, a menos que estos acepten dicha eliminación. En caso de que los demandantes quieran ampliar ese blindaje, deberán solicitarlo en el plazo de un año a partir del acuerdo, fechado en agosto de 2016, y luego deberán realizar las adiciones solicitadas en el plazo de un año a partir de la aprobación de su solicitud. Las reparaciones o ampliaciones posteriores solo podrán proponerse después de 20 años, y el Consejo no ha garantizado la aprobación de dichas propuestas.Cuestiones jurídicas medioambientales clave:Se solicita una sentencia declaratoria y una indemnización por daños y perjuicios en relación con las restricciones de blindaje de la costa y la política de retirada planificada Texto completo climatecasechart.com